Organización nacional presente en más de 12 regiones del país, desde el 2017 viene organizándose y trabajando por la defensa de la salud y el ambiente en contextos de contaminación por metales tóxicos. En 2021 logró que se aprobara el Plan Especial Multisectorial para la Intervención Integral a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (Decreto supremo N.° 037-2021-MINAM) y la Ley para fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas (Ley 31189). A la fecha la Plataforma Nacional sigue luchando para que estas normas se cumplan de manera efectiva y los diversos niveles de gobierno hagan frente a la contaminación y garanticen la atención de su salud.
1 de 3
peruanos está expuesto a la contaminación
76%
de los afectados son
niños menores de 12 años
S/ 1
por persona es el presupuesto asignado
La sentencia del Caso Habitantes de la Oroya vs Perú, se dictó en noviembre del 2023 tras 16 años de litigio. Es un fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se determina la responsabilidad del Estado peruano por violaciones de derechos humanos de 80 habitantes de La Oroya. Las violaciones fueron consecuencia de la contaminación del aire, agua y suelo producidas por las actividades minero-metalúrgicas del Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO) y el incumplimiento del Estado de regular y fiscalizar las actividades del CMLO. La sentencia también analiza el impacto diferenciado de la contaminación hacia niños y niñas de La Oroya Además, reconoce el derecho a un ambiente sano como un derecho autónomo, estableciendo un precedente clave para la protección ambiental y la justicia en las llamadas “zonas de sacrificio”.
Desde la Plataforma Nacional de personas afectadas por metales tóxicos nos pronunciamos en rechazo al amedrantamiento y represión policial, el día domingo 09 de junio contra las rondas campesinas y miembros de JASS en Chetilla-Cajamarca.
Nos dirigimos a los accionistas y ejecutivos de Glencore para reclamar por las graves violaciones de derechos de la población en Cusco (Espinar), en Cerro de Pasco (Simón Bolivar), y en Áncash (San Marcos), donde se ubican las minas de Glencore Antapaccay, de Glencore Volcan-Cerro SAC, y Antamina.
Exigimos al gobierno actual y al estado peruano garantizar la atención integral para las personas expuestas y afectadas, con enfoque intercultural y multisectorial.
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